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José J. Taús Ballester
La reciente publicación de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, y de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, ha generado una situación insólita en nuestro ordenamiento jurídico, por cuanto ambas normas, han dado una nueva redacción al artículo 16.1.c) del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
