Los niveles de contaminación atmosférica de buena parte de nuestras ciudades siguen superando a menudo las directrices de la OMS y los límites legales de la EU para la protección de la salud. Las autoridades públicas deben actuar ante este reto y según la reciente jurisprudencia la ciudadanía tiene en sus manos exigir legalmente de nuestras instituciones las responsabilidades que correspondan en caso de no hacerlo.