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Este trabajo analiza la sentencia T-622/16 de la Corte Constitucional de Colombia que reconoce al río Atrato, su cuenca y afluentes, como una entidad sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas. El fallo judicial hace parte de las nuevas líneas de acción de los tribunales constitucionales que pretenden garantizar una justicia ambiental a partir de dos aspectos centrales: por una parte, la personalidad jurídica de la naturaleza y de sus elementos y, por otra, el deber constitucional de proteger el medio ambiente. Dicho análisis intenta probar que el primero es inapropiado para amparar el entorno natural y sus componentes; mientras que el segundo es adecuado para esto. Precisamente, en el segundo aspecto, la Corte ordena la implementación de un plan de acción para descontaminar la cuenca y la creación de órganos (comisión de guardianes y un panel de expertos) para garantizar la implementación efectiva y la cesación de la grave vulneración de derechos fundamentales y colectivos. Consideramos que es un “fallo estructural” en su tipología dialógica.
This paper analyzes the ruling T-622/16 of the Constitutional Court of Colombia that recognizes the Atrato River, its basin, and tributaries, as an entity subject to the rights of protection, conservation, maintenance and restoration by the State and ethnic communities. The court ruling is part of the new lines of action of the constitutional courts that seek to guarantee environmental justice based on two central aspects: on the one hand, the legal personality of nature and its elements and, on the other, the constitutional duty to protect the environment. Such analysis attempts to prove that the former is inappropriate to protect the natural environment and its components; while the second is suitable for this. Precisely, in the second aspect, the Court orders the implementation of an action plan to decontaminate the basin and the creation of bodies (commission of guardians and a panel of experts) to guarantee the effective implementation of human rights and the cessation of the serious violation to these same fundamental and collective rights. We consider that it is a “structural failure” in its dialogical typology.
