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El artículo ofrece una propuesta de interpretación restrictiva de la formulación legislativa de la variante de administración desleal conocida como “infidelidad”, en consideración al déficit de precisión que la aqueja. Después de presentar una caracterización global del injusto común a las dos variantes del delito, así como una explicación de la exigencia de que el autor sea portador de un “deber de tutela patrimonial”, se argumenta a favor de la tesis de que el perjuicio ha de ser irrogado en el desempeño de las tareas o funciones que convierten al autor en garante del patrimonio comprometido.
