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En el presente artículo se realiza una descripción de los estándares establecidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos aplicables a la restricción de los derechos políticos. Concretamente, el análisis se centra en el tránsito experimentado por el ordenamiento jurídico colombiano frente a la limitación de estos derechos mediante sanciones disciplinarias como expresión del poder punitivo del Estado. Para tal efecto, se examinan la legislación interna, la jurisprudencia de la Corte Constitucional pertinente a la materia, la condena internacional del Estado colombiano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la adecuación del ordenamiento jurídico interno llevada a cabo con ocasión de esta condena. Finalmente, se hace una reflexión acerca de la negativa estatal de adoptar los parámetros que en materia de derechos humanos se han fijado para la reglamentación del ejercicio de los derechos políticos.
