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El artículo analiza el tratamiento que recibe el retiro de confianza en el ordenamiento jurídico peruano. Se plantea que aquel debe reexaminarse bajo el influjo del principio protector. Así se evitará que los trabajadores con relación de exclusiva confianza se queden al margen de la protección frente al despido otorgada por la Constitución a todos los trabajadores, sin excepción. Se deja en evidencia la utilidad práctica del principio protector para cumplir tal finalidad. Al haberse nutrido de la teoría de la eficacia de los derechos fundamentales en el ámbito de la empresa e incluir dentro de su contenido la exigencia de causalidad como límite a la decisión extintiva empresarial, el principio se convierte en el mecanismo más eficaz para la integración del derecho frente a la ausencia de norma que regule el retiro de confianza.
