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Desde su primer mandato, el presidente francés Emmanuel Macron ha convertido la violencia machista en una prioridad nacional. Parece corroborarlo el mayor número de condenas a maltratadores en los tribunales, y la cuestión también figura en la agenda política y mediática de otros países europeos, entre ellos España. Sin embargo, en la persecución de este tipo de crímenes sucede como en las demás cuestiones de seguridad: se privilegia la política de cifras, de aparente intransigencia, descuidando la protección efectiva de las víctimas.
