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Rebeca Granero Ferrer
La violencia obstétrica es un concepto internacionalmente reconocido bajo el que se concentran múltiples prácticas abusivas, entre las que se pueden encontrar desde agresiones físicas y abusos verbales, a retenciones en centros hospitalarios o esterilizaciones forzosas (OMS, 2014). La violencia obstétrica es una forma de violencia de género que reproduce una situación de discriminación estructural contra las mujeres (Šimonović, 2019). Resulta incomprensible que mujeres con plena capacidad y reconocimiento de derechos, experimenten diariamente estos abusos que, a pesar de su heterogeneidad, se ejercen en prácticamente todos los contextos gineco-obstétricos del mundo. Entre estos abusos, debemos enmarcar la judicialización del parto como una práctica compleja de violencia en la que los sujetos reproductivos son desestimados como sujetos de conocimiento y sujetos de derechos. A pesar de su escasez, las intervenciones judiciales durante el parto conllevan una vulneración de múltiples derechos fundamentales y limitan la capacidad de las mujeres para tomar decisiones sobre sus cuerpos y sus procesos reproductivos. Entre ellas se encuentra la reciente decisión del Tribunal Constitucional Español (STC 66/2022), popularmente conocida como «Caso Oviedo». Poniendo especial énfasis en la ausencia del principio de audiencia a lo largo del proceso judicial, la desestimación de este recurso de amparo marca una tendencia palpable en la que los sujetos reproductivos son configurados como sujetos de dudosa validez epistémica. El silenciamiento de las mujeres y la desautorización de sus testimonios en los ámbitos de salud reproductiva, así como en el sistema judicial y administrativo deben ser considerados como actos de injusticia epistémica testimonial. En la base de estas injusticias yace una falta de reconocimiento de las mujeres como sujetos epistémicos a partir un déficit de credibilidad constante que las sitúa en la periferia de la producción del conocimiento. Este desplazamiento debe ser entendido como un acto de opresión articulado por unas condiciones estructurales que mantienen a las mujeres fuera de los espacios retóricos donde, tanto la disciplina obstétrica como el derecho, determinan hegemónicamente quién sabe y qué conocimientos cuentan.
Obstetric violence is an internationally recognized concept among which multiple abusive practices are perpetrated, ranging from physical aggression and verbal abuse to hospitalization and forced sterilization (WHO, 2014). Obstetric violence is defined as a form of gender-based violence that reproduces a situation of structural discrimination against women (Šimonović, 2019). It is difficult to understand why women with full capacity and recognition of rights, experience daily these abuses that, despite their heterogeneity, are exercised in virtually all gynecological-obstetric contexts in the world. Among these abuses, we must frame judicial interventions in childbirth as a complex practice of violence in which reproductive subjects are dismissed as subjects of knowledge and subjects of rights. Despite their scarcity, judicial intervention in childbirth entail a violation of multiple fundamental rights and limit women's ability to make decisions about their bodies and reproductive processes. This is the case of a recent Spanish Constitutional Court decision (STC 66/2022), popularly known as the "Oviedo Affair". The dismissal of this appeal for protection with an emphasis on the absence of fair hearing throughout the judicial process marks a palpable trend in which reproductive subjects are configured as subjects of dubious epistemic status. The silencing of women and the disavowal of their testimonies in reproductive health settings, as well as in the judicial and administrative system, should be considered as acts of testimonial epistemic injustice. At the root of these injustices lies a lack of recognition of women as epistemic subjects based on a constant credibility deficit that places them on the periphery of the production of knowledge on reproductive processes. This displacement must be understood as an act of oppression articulated by structural conditions that keep women out of the rhetorical spaces where both obstetric discipline and law hegemonically determine who knows and what knowledge counts.
