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Luis Alfredo de Diego Díez
Los gastos procesales que genera un proceso no son una cuestión banal. Singularmente, para el demandante ante la jurisdicción administrativa, pueden constituir un freno económico a la hora de litigar; no tanto para la Administración, pues juega la partida del proceso con el dinero de los contribuyentes. Pero también son un elemento resarcitorio de quien, abocado a litigar, demuestra que tenía razón. Bien sea aplicando el criterio objetivo (“el que pierde, paga”) o el subjetivo (“el que litigó con temeridad o mala fe, paga”), se trata de que el ganador del proceso pueda salir indemne –o casi– del mismo. Pues bien, en este trabajo se muestran las claves jurisprudenciales sobre el tratamiento de las costas en las variopintas circunstancias que pueden dar lugar a la conclusión del proceso y las facultades judiciales en la moderación de su importe. Todo ello, expuesto con una buena dosis de pragmatismo.
