Las sentencias de la Sala 3ª del Tribunal Supremo dictadas con fechas de 19 y 23 de diciembre de 2022 han abierto un escenario incierto para las tasaciones de costas y los criterios orientativos de los colegios de abogados. La prohibición de baremos de precios coloca la previsión de los costes del litigio en una posición de difícil (o imposible) concreción. ¿Cómo afectará la doctrina del Tribunal Supremo a la Justicia española?