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Benjamín Marcheco Acuña
La Constitución de 2008, que define al Ecuador como un Estado unitario, establece una nueva organización territorial descentralizada bajo el régimen de reparto de competencias exclusivas entre el Estado central y los entes territoriales, a los que reconoce autonomía política, administrativa y financiera y potestad legislativa para el ejercicio de sus competencias, al tiempo que mantiene una estructuración vertical del ordenamiento jurídico sostenida en la jerarquía como principio vertebrador de las relaciones entre las normas que lo integran. Esto ha generado contradicciones teóricas y prácticas en la determinación de la naturaleza jurídica de las disposiciones emanadas de los entes territoriales de gobierno y sus relaciones con las demás normas del sistema (fundamentalmente con las leyes estatales). El presente trabajo pretende insertarse en la discusión sobre la naturaleza jurídica de las disposiciones de los gobiernos territoriales en el ejercicio de sus competencias exclusivas y sus relaciones con el ordenamiento estatal; señalando, en todo caso, la divergencia del modelo teórico diseñado en la Constitución con su realización práctica, que sigue explicándose invariablemente en función la unidad de la ley y las relaciones de jerarquía normativa.
The 2008 Constitution, which defines Ecuador as a unitary State, establishes a new decentralized territorial organization under the regime of distribution of exclusive powers between the central State and the territorial governments, which it recognizes political, administrative and financial autonomy and legislative powers; while maintaining a vertical structure of the legal system, sustained in the the principle of hierarchy as the backbone of the relationships between the rules that comprise it. This has caused theoretical and practical contradictions in determining the legal nature of the rules emanating from the territorial governments and their relations with the other of the legal system (fundamentally with state laws). This paper intends to insert itself in the discussion about the legal nature of the territorial governments regulations giving in the exercise of their exclusive competences and their relations with the state legal system; pointing out, in any case, the divergence of the theoretical model designed in the Constitution with its practical realization, which continues to be explained invariably based on the unity of the law and the relations of normative hierarchy.
