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Raquel Soler Esteve, Eduardo Balaguer Pallás
Aunque, auspiciado por las Directivas comunitarias, pareciera que la vigente Ley de contratos de 2017 permite introducir clausulado tendente a mejorar las condiciones salariales en la licitación pública española, la realidad es que la interpretación que la doctrina administrativa y jurisprudencial realizan del marco normativo actual imposibilita, o cuando menos dificulta sobremanera, esta práctica, de lo que se infiere que no será materialmente factible su llevanza a término sin un cambio legislativo que acoja criterios concretos y no meras aspiraciones.
