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El Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, referido a la revisión excepcional de precios pretendía establecer un marco normativo que resolviera el problema del incremento exorbitante de los precios en el contexto de los contratos públicos como consecuencia de la pandemia, post-pandemia, guerra de Ucrania y la alta inflación. Finalmente, es más que cuestionable que la medida haya generado criterios unívocos en su aplicación y desarrollo por parte de las distintas CCAA y en menor medida por las Administraciones locales, por lo que, en el presente artículo se pretende poner sobre la mesa qué medidas han adoptado estas Administraciones para resolver el problema, y qué pros y contras tienen cada una de ellas.
