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El trabajo pretende formular algunas consideraciones sobre las medidas que inciden en la propiedad y en la disciplina del mercado, solo en cuanto afecten directamente a los derechos de los particulares, sin analizar los restantes contenidos del Proyecto. Al efecto indicado se desdobla en dos partes diferenciadas. La primera parte expone sucintamente el marco constitucional de referencia, poniendo de relieve que la garantía constitucional de la propiedad y la de la libertad de empresa tienen una dimensión común, aunque existen matices entre ambas. Dominada la primera por la idea de función social de la propiedad, se expone que esta, en cuanto sea expresión de intervenciones delimitadoras, no está sujeta a los imperativos de la expropiación forzosa, como sí lo estaría si supusiera intervenciones ablatorias. La diferencia entre aquellas y estas son el respeto de unas y el desconocimiento de las otras del llamado “contenido esencial”, respeto y reconocimiento apreciados a la luz de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y adecuación.
Con alguna acomodación, este planteamiento se puede trasladar a la libertad de empresa, y una de sus manifestaciones más potentes, la libertad de contratar. Se llama la atención sobre que cuando la intervención se haga a través de instrumentos normativos generales se corren riesgos de inconstitucionalidad si las medidas se predican de todos los destinatarios de aquellos, sin operar discriminación alguna entre ellos. La segunda parte analiza, y solo en cuanto incidan sobre los particulares, las medidas del Proyecto de Ley. Este es vacuo en gran medida por referirse a normas futuras de contenido indeterminado. A esta falta de concreción se une una elevada deficiencia técnica y redaccional. Estas circunstancias impiden un juicio de constitucionalidad sobre muchas disposiciones de la Ley. En el único punto donde hay más concreción es en la limitación del precio del alquiler, que en principio se considera constitucional si obsequia la proporcionalidad, razonabilidad y adecuación de la medida, pero este juicio resulta dudoso dada la casi absoluta indiscriminación de los destinatarios de esta. El Proyecto desconoce absolutamente la expropiación forzosa, por un lado como si diera por supuesto que todas sus intervenciones en la propiedad o la libertad de contratar fueran meramente delimitadoras, y por otro, renunciando a la utilización de la figura, bien como instrumento directo de políticas de vivienda, bien como sanción al incumplimiento de los deberes que impone el Proyecto mismo. En consecuencia, este es de modestos propósitos, pese a los alardes retóricos.
