Apol·lònia Nadal Martínez
La creciente digitalización de la banca, acompañada del cierre de oficinas y la supresión de cajeros automáticos por razones de reestructuración y rentabilidad, provoca dificultades de acceso a la atención presencial y problemas para la retirada de efectivo. Estos problemas, que se han exacerbado a raíz de la pandemia derivada de la Covid-19, pueden acabar provocando la exclusión financiera de la tercera edad, por falta de habilidades digitales y dificultades para el desplazamiento físico a otros puntos de servicio. En este trabajo se analiza el actual estado de la cuestión, partiendo del protocolo, de aplicación voluntaria, suscrito a instancias del gobierno español por las principales entidades bancarias. Ante su insuficiencia, analizamos otras posibles vías, contractuales y legales, que permitan con fundamento jurídico, y más allá de protocolos voluntarios, la inclusión financiera de la tercera edad.