La extensión de las prácticas de sexo transaccional en el ciberespacio, provocada especialmente por la difusión de plataformas que facilitan el cibersexo, suscita la necesidad de examinar cuál sería la respuesta penal adecuada a las conductas que atenten contra la libertad y la indemnidad sexual en el contexto de estas prácticas. La transformación que las relaciones sexuales experimentan en la sociedad digital hace patentes las profundas deficiencias de la actual regulación de los delitos relativos a la prostitución en el derecho español, lo cual obliga a emitir recomendaciones de política criminal que tengan en cuenta otros modelos legislativos. La jurisprudencia española se ha mostrado receptiva ante las nuevas formas de relación sexual producidas por la digitalización de la vida social, al flexibilizar los requisitos para la apreciación de los delitos de agresión y abuso sexual, lo que plantea dudas respecto a si con ello se incurre en una vulneración de la prohibición de la aplicación analógica de la ley penal.