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Manuel Villoria Mendieta 
, Agustí Cerrillo i Martínez , Juli Ponce Solé
Frente a previsiones teóricas que han conectado las políticas de transparencia con mejoras en la lucha contra la corrupción, incremento de la confianza en las instituciones y calidad en los gobiernos, diversos estudios empíricos han mostrado que esa conexión no es tan sencilla. Para que se dé, debe haber una normativa de suficiente calidad, insertada en una política holística de buen gobierno y adecuadamente implementada. Si la implementación no se produce, la política de transparencia no puede generar los impactos deseados. La política de los gobiernos de Cataluña en materia de transparencia no parece haber tenido el impacto deseado, a pesar de tener calidad suficiente e insertarse formalmente en un marco holístico de buen gobierno. La hipótesis que se intenta testar en este artículo es la debilidad de la aplicación de la Ley 19/2014 como causa de los inexistentes o fragmentarios outcomes. Para testar la hipótesis se ha realizado una exhaustiva evaluación de la implementación de la Ley, con cinco series de encuestas en cinco años (2015-2020), enviadas a más de 1.000 entes obligados por la Ley, revisión de portales de transparencia, análisis de calidad de resoluciones sobre el derecho de acceso, análisis de calidad de las cartas de servicios y los códigos de conducta, utilización de la técnica del ciudadano oculto (mystery shopper) y entrevistas en profundidad a responsables públicos. Los resultados del análisis no nos permiten asegurar que el relativo fracaso en el impacto se deba a un claro fallo en la implementación de la norma, aunque tampoco se puede descartar que errores en la implantación de algunos aspectos de la norma influyan en su débil efectividad.
Despite theoretical forecasts that have linked transparency policies with improvements in the fight against corruption, increased trust in institutions, and the development of quality in governments, several empirical studies have shown that this connection is not so simple. For it to happen, regulations of sufficient quality must be embedded in a holistic policy of good governance and adequately implemented. The transparency policy cannot generate the desired impacts if it is not implemented in the first place. The transparency policy of the governments of Catalonia does not seem to have had the desired effects, despite being of sufficient quality and being formally inserted in a holistic framework of good governance. The hypothesis this article attempts to test is the weakness of the implementation of Act 19/2014 as the cause of the non-existent or piecemeal outcomes. An exhaustive evaluation of the law’s implementation was conducted to test the hypothesis, with five series of surveys in five years (2015–2020) sent to more than 1,000 entities bound by the law, a review of transparency portals, a quality analysis of resolutions on the right of access, a quality analysis of citizens’ charters and codes of conduct, the use of the mystery shopper technique, and in-depth interviews with public decision-makers. The analysis results do not guarantee that the relative failure in impact is due to weak implementation of the law. However, it also cannot be ruled out that failure to implement some aspects of the rule influences its lack of effectiveness.
