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Frecuentemente, decisiones administrativas sorprendentes para la ciudadanía por su ruptura con otras precedentes, se esconden o justifican como consecuencia de argumentos o informes técnicos, emanados de órganos formalmente independientes, con los que se pretende bendecir resoluciones que pregonan intereses políticos ajenos a la función que tutelan.
En una administración jerarquizada, no es infrecuente que los órganos técnicos prefieran pasar por los peligros de la obediencia antes que por los que conlleva la rebelión o la discrepancia. En este sentido, me vienen a la memoria algunas de las reflexiones del padre Francisco Javier Peiró Peiró, capellán mayor de las capellanías penitenciarias y autor de una «Deontología para los Funcionarios» que tuvo amplia difusión entre los funcionarios de prisiones allá por los años cincuenta. Si la memoria no me falla, se expresaba así: «El buen funcionario no es sólo aquel que se esfuerza por cumplir puntual y rigurosamente sus obligaciones; sino aquel, que conociendo los deseos de su superior se anticipa para complacerlo». El consejo, tan ingenioso y perdurable como seguramente incorrecto políticamente, explicaría la evolución del criterio de órganos administrativos, cuando la metamorfosis no va acompañada de evoluciones personales o cambios significativos en los penados que lo justifiquen, Me refiero, concretamente, a la transformación política acaecida en el tratamiento penitenciario de los presos terroristas de ETA, integrados todavía en el denominado EPPK (Colectivo de presos políticos, por sus siglas en euskera) y su supuesto amparo en propuestas o decisiones de órganos técnicos penitenciarios.
