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Javiera Arce Riffo, Julieta Suárez Cao
La incorporación de la fórmula de paridad de género en la Convención Constitucional situó a Chile como un país vanguardia a nivel mundial. Esto, pese a que habría sido uno de los últimos países de América Latina en implementar medidas de este tipo y de que estas no rindieron los efectos esperados en las elecciones parlamentarias de 2017. Sin embargo, gracias a la protesta social y al movimiento feminista, fue posible impactar en una reforma institucional trascendental para la política mundial, que podría marcar el rumbo de las teorías electorales, que incluya modelos de sistemas inclusivos que trasciendan las fronteras de la incorporación no sólo de las mujeres en los espacios de decisión política. Las elecciones del 15 y 16 de mayo confirmaron que las mujeres, puestas en lugares elegibles y con un diseño electoral más amigable a la diversidad, resultaron más competitivas que los hombres, pero también se comprobó que los partidos políticos de las coaliciones más longevas son menos amigables con las mujeres a diferencia de los partidos políticos recientemente creados (con excepción del Partido Comunista). También, los grupos de independientes se exhiben más amables hacia las mujeres. La paridad implicó no sólo un similar número de hombres y mujeres, sino que además empujó la construcción de un órgano constituyente más diverso, que introdujo a otros grupos excluidos del sistema político como pueblos originarios e independientes.
