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Christian Rojas Calderón 
En Chile existe una creciente y actual discusión en torno al agua en Chile. Ello se debe probablemente a dos factores: por los problemas permanentes y crecientes en el tiempo en torno a la propiedad del agua y su gestión; y a una evidente tendencia progresiva a una disminución significativa de los recursos hídricos, unido a la evidencia cada vez más abrumadora del cambio climático que afecta severamente este recurso, multidimensionalmente. En particular, un sector especialmente afectado es el mundo rural, que además de ser el más desprotegido y pobre en el país, se encuentra alejado de las cadenas o redes de abastecimiento, operando acá prácticamente un autoabastecimiento combinado con políticas asistenciales que se ha expresado desde 1964 hasta ahora en el “Programa de Agua Potable Rural” del Ministerio de Obras Públicas. Lo anterior, ha sido insuficiente, y ha generado un conjunto de respuestas y demandas de la sociedad en torno a la necesidad de la consagración del “derecho al agua” o “derecho humano al agua” potable, en cantidad y calidad suficientes para resguardar, a lo menos, la vida y la salubridad de la población, incluyendo el saneamiento. Para enfrentar esta temática, será necesario analizar críticamente la forma en que se estructura el Derecho de aguas chileno, su régimen jurídico general y el especial (particularmente el de abastecimiento de agua potable y saneamiento), el modo en que se inserta -sobre todo a partir de un origen desde el Derecho internacional- este derecho al agua o derecho humano al agua en ese contexto, para finalmente ver el modo en que podría incluirse este derecho en lo que se espera sea la Nueva Constitución Política.
