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José Enrique Ruiz Saura
El estudio realizado muestra, inicialmente, que la regulación de la huelga como derecho fundamental está recogida de forma escasa en la Constitución y en el resto de la normativa aplicable, que básicamente es una ley anterior a la propia Constitución. Todo ello, pone de manifiesto la transcendencia que, desde un primer momento, han tenido sobre la misma determinadas sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, que han servido para completar los vacíos normativos que periódicamente se han ido generado en las últimas décadas como consecuencia de no haber una regulación integral para este derecho.
En lo que respecta a las prácticas empresariales ejercitadas para anular los efectos del derecho de huelga, todas ellas comprendidas en el concepto de esquirolaje, la jurisprudencia y la doctrina han evolucionado en gran medida en las últimas décadas. No en vano, se ha pasado de censurar únicamente la sustitución de huelguistas por trabajadores ajenos a la empresa (esquirolaje externo) a declarar contrarios a Derecho otros tipos no recogidos expresamente en la norma, como la sustitución de huelguistas por trabajadores pertenecientes al mismo centro o, más recientemente, sustituir la labor de los trabajadores ausentes mediante el empleo de instrumentos tecnológicos (“esquirolaje tecnológico”).
Finalmente, la jurisprudencia más reciente viene poniendo de manifiesto la necesidad de dotar de contenido a nuestro ordenamiento jurídico para que éste pueda velar con todas las garantías por el correcto ejercicio de la huelga en contextos muy diferentes a los que existían cuando fue aprobada la Constitución hace cuarenta años
The study carried out shows, initially, that the regulation of the strike as a fundamental right is scarcely included in the Constitution and in the rest of the applicable regulations, which basically is a law prior to the Constitution itself. All of this highlights the transcendence that certain judgments of the Constitutional Court and the Supreme Court have had on the same, which have served to complete the normative gaps that have been periodically generated in the last decades as a consequence of not having an integral regulation for this right.
With regard to the employer practices exercised to annul the effects of the right to strike, all of them included in the concept of strikebreaking, jurisprudence and doctrine have evolved greatly in recent decades. Not in vain, has gone from censorship only the replacement of strikers by workers outside the company (external strikebreaking) to declare contrary to law other types not expressly included in the rule, such as the replacement of strikers by workers belonging to the same center or, more recently, to replace the work of absent workers through the use of technological tools (“technological strikebreaking”).
Finally, the most recent jurisprudence has shown the need to provide content to our legal system so that it can ensure all the guarantees for the proper exercise of the strike in contexts very different from those that existed when the Constitution was passed forty years ago
