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Diana Carolina Valencia Tello
En los Estados modernos, el poder debe estar limitado y controlado conforme estructuras y competencias bien establecidas en los ordenamientos jurídicos para evitar el abuso del poder y garantizar el respeto por los derechos de todos los individuos. Las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) son las encargadas de ejercer el control externo y cuando evidencian infracciones graves al ordenamiento jurídico por parte de las administraciones públicas, deben actuar en consecuencia para sancionar conductas ilegitimas y recuperar los recursos públicos perdidos. A nivel internacional, la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores INTOSAI, establece lineamientos a las EFS sobre el control externo del Estado. En este contexto, el presente artículo analizará primero el control fiscal del Estado y los lineamientos de la INTOSAI, para después estudiar el caso brasilero, teniendo en cuenta que los Tribunales de Cuenta fueron establecidos desde el gobierno provisional en 1890 y han perdurado hasta la actualidad como el principal organismo de control externo a la administración pública, permaneciendo sin mayores modificaciones internas y adaptándose a los cambios de régimen político.
In modern States, power must be limited and controlled according to well-established structures and powers in legal systems to prevent abuse of power and guarantee respect for the rights of all individuals. The Supreme Audit Institutions (SAI) are in charge of exercising external control and when they reveal serious violations of the legal system by public administrations, they must act accordingly to sanction illegal conduct and recover lost public resources. At the international level, the International Organization of Supreme Audit Institutions INTOSAI establishes guidelines for SAIs on the external control of the State. In this context, this article will first analyze the external control of the State and the INTOSAI guidelines, to later study the Brazilian case, taking into account that the Courts of Account were established from the provisional government in 1890 and have lasted until today, remaining without major internal modifications and adapting to changes in the political regime.
