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Fabio Giglioni
La estructura regionalista del Servicio Nacional de Salud italiano comenzó a tomar forma en los años 90 y está fuertemente vinculada a exigencias que responden principalmente a los principios de eficiencia y de control del gasto público. Esta tendencia se vio reforzada con la reforma constitucional de 2001. La materia que ahora se atribuye a la competencia compartida es la de “protección de la salud”, con un alcance mayor que el anterior, que se limitaba únicamente a la asistencia sanitaria y hospitalaria. Esto ha dado lugar a una regionalización reforzada del sistema sanitario. Como compensación parcial, las autoridades estatales han conservado un fuerte poder de gobernanza en el ámbito del control del gasto público, especialmente en el caso de la gestión del déficit regional, mediante la activación de los llamados ‘patti di rientro’ (pactos de devolución). A pesar de esta tendencia imperante, la interpretación del Tribunal Constitucional sobre el reparto de competencias dejó diferentes espacios para la intervención del Estado que debe garantizar la igualdad de los ciudadanos. Desde que la necesidad de controlar el gasto público ha venido siendo la pauta dominante, el gobierno central se ha ocupado principalmente de establecer los parámetros de equilibrio, especialmente en términos de eficiencia. Esto ha debilitado el enfoque de la cultura de servicio público y la equidad de la atención. Para garantizar la igualdad en un marco de diferenciación sostenible de las organizaciones se han determinado unos niveles esenciales, que son responsabilidad exclusiva del Estado, pero la experiencia pone de manifiesto que se ha sobreestimado la fuerza reequilibradora de los niveles esenciales.
The regionalist structure of the Italian National Health Service began to take shape in the 90 and is strongly linked to demands that respond mainly to the principles of efficiency and control of public expenditure. This trend was reinforced by the constitutional reform of 2001. The subject that is now attributed to shared competence is “health protection”, with a greater scope than the previous one, which was limited only to health and hospital care. This has led to a strengthened regionalization of the health system. As partial compensation, the state authorities have retained a strong governance power in the area of controlling public expenditure, especially in the case of regional deficit management, through the activation of the so-called ‘patti di rientro’ (repayment pacts). Despite this prevailing trend, the Constitutional Court’s interpretation of the distribution of competences left different spaces for State intervention, which must guarantee the equality of citizens. Since the need to control public spending has been the dominant pattern, the central government has been mainly concerned with setting the parameters of equilibrium, especially in terms of efficiency. This has weakened the focus of the public service culture and the equity of care. In order to ensure equality within a framework of sustainable differentiation of organizations, essential levels have been identified, which are the exclusive responsibility of the State, but experience shows that the rebalancing force of essential levels has been overestimated.
