En España el Derecho de los periodistas protege sobre todo frente a los atentados más graves al honor e intimidad de las personas, dejando la actividad diaria en manos de la empresa. Así, el proyecto constitucional resulta frustrado: ni los derechos de los profesionales ni los intereses del público se encuentran adecuadamente garantizados. Urge un replanteamiento del modelo vigente, que compete sobre todo al legislador.