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Christián Matamoros Fernández
Una de las principales reformas del segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018) fue la Nueva Educación Pública, que ha buscado traspasar los establecimientos educacionales desde la administración municipal a los denominados Servicios Locales de Educación, entidades públicas descentralizadas que albergan escuelas de varias comunas contiguas. Diversos movimientos sociales durante décadas venían exigiendo un proceso de desmunicipalización, donde el Estado volviera a asumir su responsabilidad educativa. Sin embargo, al analizar la experiencia de uno de los primeros Servicios Locales en ponerse en marcha (Barrancas), se aprecia una alta conflictividad laboral y una crítica desde los trabajadores de la educación respecto a este proceso, poniendo en cuestión el carácter público de esta reforma y el rol del Estado en la administración de las escuelas. Para desarrollar esta investigación nos hemos apoyado en la revisión de prensa local y de entrevistas a trabajadores afiliados a las diversas asociaciones de Barrancas.
One of the main reforms of the second government of Michelle Bachelet (2014-2018) was the New Public Education, which sought to transfer educational establishments from the municipal administration to the so-called Local Education Services, decentralized public entities that house schools of several adjoining communes. Various social movements for decades had been demanding a process of demunicipalization, where the State would once again assume its educational responsibility. However, when analyzing the experience of one of the first Local Services to start up (Barrancas), there is a high level of labour conflict and criticism from education workers regarding this process, questioning the public nature of this reform and the role of the State in the administration of schools. To develop this research, we have relied on the review of the local press and interviews with workers affiliated with the various associations of Barrancas.
