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Miguel Cabanillas Sanz
La racionalización de la Monarquía parlamentaria española que ha traído la Constitución de 1978 cuenta aún con terreno normativo por desarrollar en la búsqueda de una mayor seguridad jurídica. La realidad de los últimos 45 años y, sobre todo, los cambios registrados por los propios sistemas democráticos en el siglo XXI, ponen sobre la mesa la necesidad de avanzar en la inclusión de la Casa del Rey, como institución, dentro de la regulación del Estado al que representa. El siguiente estudio analiza el nivel de integración normativa actual, incluidos los cambios aprobados en abril de 2022, y propone ámbitos en los que la Casa del Rey puede aproximarse aún más en su regulación a la Administración General del Estado.
