Oscar Ramirez Cardona
Uno de los aspectos consagrados en la Ley 1448 de 2011 para la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, que ha generado mayores expectativas es, precisamente, el proceso de restitución de tierras despojadas o abandonadas, establecido como uno de los mecanismos de reparación integral. Diversas inquietudes surgen en relación con la aplicación de las normas de restitución que conllevan el cambio en la forma de atender las controversias sobre la propiedad, generalmente resueltas a partir de las normas de derecho civil y excepcionalmente mediante el derecho agrario, de escaso desarrollo en el derecho colombiano.
El presente escrito sostiene la tesis que el proceso de restitución es una acción constitucional a través de la cual se procura la protección de un derecho social fundamental, que implica unas acciones afirmativas a favor de las víctimas, y responsabilidades para el Estado y para los particulares que vulneraron o se beneficiaron de la vulneración del derecho protegido.
Se argumenta que el carácter constitucional de la restitución se ajusta a las normas internacionales que exigen un trámite expedito y efectivo para la protección de los derechos fundamentales y otorga especiales potestades al juez para el logro del fin propuesto. Finalmente, se sugieren los criterios interpretativos que deben guiar el proceso.
The land restitution process established by the law 1448 of 2011 is the most important issue of the internal war victims' reparation. But there are some difficulties related with the norms' application. The law implies changes in the way civil and agrarian law is use to handle property conflicts.
The present paper states that the restitution process is a constitutional action that looks out for the protection of the fundamental social rights of victims. This protection implies affirmative actions in favor of the victims and several responsibilities for the State and the particulars that disturbed or violated the right protected.
Additionally, it is argue that as a constitutional action, the land restitution process adopts international law issues that demand for effective and prompt actions toward the protection of fundamental rights and grants to the judges some non-communes powers to accomplish the restitution objectives. Finally, this paper will articulate the special situations that confirm the assertions made.