Acceso usuarios
Javier Rodríguez Villanueva
Admitido que las Administraciones públicas puedan acudir al ordenamiento jurídico laboral y celebrar contratos con el personal a su servicio, la doctrina se ha cuestionado si, igualmente, pueden pactar con sus trabajadores un periodo de prueba, al encontrarse su actuación en la selección del empleado y la ejecución contractual vinculada por principios constitucionales y legales que podrían resultar incompatibles con la libertad de resolución contractual que dicho acuerdo posibilita. El objetivo del presente trabajo es analizar la posibilidad de existencia de un periodo de prueba en las relaciones laborales donde el empresario es la Administración y si, de admitirse, dicho pacto demandaría especialidades por la cualidad de poder público del contratante.
Admitted that Public Administration can employ based on the labor legal system, the doctrine has questioned if, equally, it can agree with their employees a trial period, as selection and contractual execution is linked by constitutional and legal principles that could be incompatible with the freedom of contractual resolution that trial period agreement allows. Here, the possibility of a trial period in labor relations where the employer is the Administration is studied and if, admitted this, that agreement would demand specialties due to the quality of public authority of the contracting party.
