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Paula Reyes Cano
El objetivo de este artículo es realizar un recorrido sobre la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio,de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia. Se reflexionará sobre el olvido inicial de los y las menores víctimas de violencia de género ysu primer impulso de dar entrada a aquellos planteamientos en los que se pone la atención en la protección del interés superior de la infancia y adolescencia en los casos de ruptura familiar, escondiendo los daños sufridos por la infancia y adolescencia derivados de la violencia de género. Mostraremos cómo, para paliar los daños derivados de la “alta conflictividad” provocada por la ruptura familiar, se está asentando jurisprudencialmente la coordinación de parentalidad. Mediante un análisis jurisprudencial, comprobaremos cómo este método de resolución de conflictos se aplica en contextos de violencia de género, con el objetivo de restablecer o normalizar la relación del padre que ejerce violencia de género con sus hijos e hijas.
