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Claudia Jiménez Cortés 
En diciembre de 2017 Libia registró en la Organización Marítima Internacional una zona de salvamento y rescate (zona SAR), pensada, diseñada y financiada por la Unión Europea y sus Estados miembros. A partir de entonces, los guardacostas libios han pasado a coordinar casi en exclusiva todas las operaciones de salvamento de la ruta migratoria del Mediterráneo central, hoy por hoy una de las más letales del mundo. El presente trabajo cuestiona la validez de dicha zona tanto por la incapacidad material de la guardia costera libia para desarrollar la función de salvamento en su zona SAR, como por la imposibilidad de poder considerar a aquel Estado como «puerto seguro». Su creación y funcionamiento, de hecho, no son sino un reflejo más de la política de externalización de fronteras de la UE que, en este caso, tiene como consecuencia añadida la desvirtuación de un principio tan esencial y antiguo como es el deber de socorro en el mar, cuya única finalidad debería ser «salvar vidas».
In December 2017, Libya registered a search and rescue zone (SAR zone) with the International Maritime Organization conceived, designed and financed by the European Union and its member states. Since then, the Libyan coastguard has almost exclusively coordinated all rescue operations on the Central Mediterranean migratory route, today one of the deadliest in the world. The present article questions the validity of this zone due to the material inability of the Libyan coastguard to carry out the rescue function in its SAR zone as well as the impossibility of being able to consider that state as a «safe port». Its creation and workings are in fact one more reflection of the EUs border externalization policy which, in this case, has as an added consequence the distortion of a principle as essential as that of providing help at sea and whose sole purpose should be to «save lives».
