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Raquel Rodríguez Camejo
La llamada crisis migratoria o crisis de refugiados del 2015, generó un importante e inconcluso debate entre instituciones y países integrantes de la UE, sobre cuál es la responsabilidad que tienen los Estados miembros en la política común migratoria. La gestión de la crisis impulsó el desarrollo de varias propuestas de la Comisión Europea para ordenar los flujos migratorios. Medidas destinadas a apoyar a los países de primera línea de llegadas de migrantes (reubicación de refugiados, reforma del SECA) y aumentar la seguridad para evitar la entrada y facilitar la expulsión de “migrantes irregulares” del territorio comunitario (ampliación Frontex, acuerdo UE -Turquía). El artículo examina el enfoque securitario de la política migratoria europea, contextualizado en la lucha contra la inmigración irregular y la protección de los ciudadanos comunitarios en el espacio de libertad, seguridad y justicia de la UE, conjuntamente con el análisis de la falta de solidaridad y responsabilidad de los Estados miembros en resolver asuntos comunes de la política de inmigración. La investigación se apoya en los Tratados constitutivos de la UE, reuniones del Consejo Europeo y actos legislativos (reglamentos, directivas y recomendaciones) que se aplican a los Estados miembros en el marco de la lucha contra la inmigración irregular. El consecuente desacuerdo que trajo el incumplimiento del principio de solidaridad y reparto equitativo de responsabilidades (Art. 80, TFUE) por el que se rige la política común migratoria, así como la reintroducción de controles fronterizos en el Espacio Schengen desde 2015 por parte de algunos Estados miembros, cuestionan hasta dónde la defensa de la soberanía nacional y la falta de solidaridad de los Estados, convergen en una crisis de integración europea.
The known as migration crisis or refugees crisis of 2015, generated an important and inconclusive debate between institutions and member countries of the EU, about what is the responsibility of the Member States in the common migration policy. Crisis management prompted the development of several proposals by the European Commission to order migration flows. Measures aimed at supporting the front-line countries of migrant arrivals (refugee relocation, SECA reform) and increasing security to prevent the entry and facilitate the expulsion of "irregular migrants" from Community territory (Frontex enlargement, agreement EU- Turkey). The article examines the security approach of European migration policy, contextualized in the fight against irregular immigration and the protection of community citizens in the area of freedom, security and justice of the EU, together with the analysis of the lack of solidarity and responsibility of the Member States to resolve common issues of immigration policy. The research is supported by the Treaties establishing the EU, meetings of the European Council and legislative acts (regulations, directives and recommendations) that apply to the Member States in the framework of the fight against irregular immigration. The consequent disagreement that brought the breach of the principle of solidarity and equitable sharing of responsibilities (Art. 80, TFEU) that governs the common migration policy, as well as the reintroduction of border controls in the Schengen Area since 2015 by some Member States question the extent to which the defense of national sovereignty and the lack of solidarity of the States converge in a crisis of European integration.
