Acceso usuarios
El artículo aborda dos temas nada pacíficos entre los Secretarios, Interventores y Tesoreros de los ayuntamientos: a qué órgano compete aprobar las datas o anulaciones de obligaciones reconocidas de ejercicios cerrados, y cuál es la fecha que tiene que considerarse para el inicio del cómputo de la prescripción.
De los tres órganos municipales existentes que podrían dictar dicho acuerdo, el Alcalde, la Junta de Gobierno Local, y el Pleno, podríamos afirmar que las posiciones se encuentran divididas, casi por la mitad, entre el Alcalde y el Pleno; los que atribuyen la competencia a este último se apoyan en supuestos informes del Tribunal de Cuentas.
En cuanto a la fecha de inicio del cómputo de la prescripción, y habida cuenta de que los ayuntamientos, en la mayoría de los casos, no suelen notificar el reconocimiento de las obligaciones, es una circunstancia que conmina a las entidades locales a realizar anuncios en los boletines oficiales, a modo de notificaciones colectivas, que vengan, de alguna forma, a subsanar tal carencia.
Exponemos nuestras conclusiones razonadas, abiertas a la crítica, manteniendo que el órgano municipal competente para aprobar las datas de obligaciones reconocidas de ejercicios cerrados es el Alcalde, y que existe un amplio margen de mejora en la práctica de las notificaciones de las obligaciones reconocidas que permitiría disponer de una fecha cierta de inicio del cómputo de la prescripción, confiando en que la implantación de la Administración Electrónica ayude en esa dirección.
This article deals with two non peaceful issues among Secretaries, Comptrollers and Treasurers in the local goverment: which authority has the responsibility to pass the data and cancellations of the recognized obligations from the closed fiscal years, and, which is the date that must be considered for the beginning of prescription count.
From the three existing municipal authorities that could dictate this agreement, the Mayor, the Municipal Cabinet Meeting and the plenary session, we could confirm that the positions are divided, almost to a half, between the Mayor and the plenary session; those who attribute the competency to the last one, support their case in supposed reports of the Court of Audits.
As to the start date of the prescription count, and taking into account that the Local Goverment, in most cases, don’t usually notify the recognition of obligations, is a situation that demands the local entities to carry out advertisments in official bulletins as collective notifications, that come, somehow, to correct this scarcity.
We explain our conclusions correctly argued, open to criticism and trying to maintain that the municipal competent authority for passing the data of the recognized obligations from closed fiscal years is the Mayor, and that there is a wide margin to improve the practice of the notifications of the recognized obligations that allows to obtain a true start of date to begin the calculation of the prescription, having faith in the establisment of the electronic management’s help in this way.
