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Antonio Viñuela Llanos
Sobre la base de los acuerdos de la OCDE para la reforma de las normas internacionales de tributación de los beneficios de las empresas multinacionales, el Consejo de la UE aprobó su propuesta de Directiva para el establecimiento de un nivel mínimo global de imposición en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades para los grupos multinacionales en la Unión, que se extiende igualmente a los grupos meramente nacionales, con cifra de negocio superior a 750 millones de euros. Dicha directiva no entrará previsiblemente en vigor hasta 2024. De acuerdo con la misma, las empresas y grupos afectados deberán tributar como mínimo a un tipo efectivo de un 15% de su renta global, determinada ésta a partir de sus resultados contables ajustados mediante la aplicación de ciertas reglas específicas. En caso de que la tributación efectiva de un grupo o empresa se situase por debajo de dicho umbral, se generará un impuesto complementario hasta alcanzar el mínimo requerido. Ello tendrá un impacto directo sobre los grupos y empresas con actividades en Canarias que podrían ver cómo el impacto de la aplicación de los incentivos fiscales del REF se reduciría o incluso anularía, con el consiguiente efecto negativo sobre la atracción a las Islas de actividades económicas, e incluso en el mantenimiento de las ya existentes. Esa situación podría aun evitarse mediante la introducción de una excepción, como se contempla de otros ámbitos, amparándose en el estatuto de RUP de Canarias según el artículo 349 del TFUE, aunque quizá sea demasiado tarde para lograrlo.
