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Como trabajadoras sociales de la Defensoría General del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizamos informes sociales periciales que se utilizan como prueba a favor de las personas investigadas por ciertos delitos. Nos detendremos en las causas por tenencia de sustancias para consumo personal y comercialización. En este sentido, registramos que la persecución se tradujo en una fuerte criminalización de mujeres trans.
Para contar con mayores herramientas para elaborar estas pericias, realizamos encuestas anónimas a 30 mujeres trans, involucradas de algún modo en redes de venta de sustancias.
La muestra se construyó por fuera del ámbito laboral. Esto, junto al anonimato de las encuestas, buscó reducir el miedo y las autocensuras al responder. A lo largo del cuestionario se hizo hincapié en que no buscábamos relatos “bien vistos” sino las experiencias reales, porque esto permiten un análisis más rico y potente para las estrategias de defensa.
Los datos abarcan desde la edad, las condiciones de vida, las experiencias de transodio, las redes de cuidado y la inserción laboral hasta la violencia institucional y, por supuesto, la participación en redes de venta. Se analizaron los resultados desde una mirada interseccional, registrando que la clave etaria es fundamental para entender las trayectorias biográficas. Cruzando distintas variables buscamos visibilizar algunas condiciones, aún ocultas, que hacen posibles ciertas exclusiones del colectivo trans.
