Un supuesto característico de acoso laboral está teniendo lugar en el ámbito de las Administraciones Públicas, especialmente en las Administraciones Locales, donde se tiende a marginar a funcionarios incómodos que, con un estricto cumplimiento de sus competencias, pueden dificultar el desarrollo de actuaciones impulsadas por los cargos públicos locales. La cuestión central aquí es la vía procesal a seguir para la tutela frente a la situación de acoso que se denuncia. Nuestra jurisprudencia social avanza ya con soluciones efectivas frente a tales patologías laborales. Sin embargo, no deja de ser esta doctrina jurisprudencial una construcción jurídica tortuosa, una especie de ruta magallánica, que elude la vía que debiera ser el camino procesal natural, esto es, la vía contencioso-administrativa.