A pesar de las previsiones legales, la inclusión laboral de las personas con discapacidad en las administraciones españoles no alcanza las previsiones legales, cosa que va a ir a peor con las medidas de reducción de la temporalidad del empleo público. Igualmente, en la provisión de puestos de trabajo tampoco se regulan los instrumentos necesarios para favorecer la carrera profesional de los trabajadores públicos con discapacidad, pues tan sólo se prevé la alteración del orden de prelación en el primer concurso pero no en los sucesivos.