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Fernando Díez Estella
Una década después de la aprobación de la Directiva 2014/104/UE, y su tardía transposición a nuestro derecho interno por el RD Ley 9/2017, las acciones de daños y perjuicios han florecido en el panorama de la aplicación privada del Derecho de la competencia, tanto en el ámbito de la UE como en España. Particularmente, el conocido cártel de los camiones ha originado una litigiosidad sin precedentes, en la que los perjudicados han ido sorteando todo tipo de obstáculos, tanto sustantivos como procesales. De estos últimos, sin duda uno de los más complicados, por la ausencia de un régimen legal claro, el de la alegada falta legitimidad pasiva de las demandadas. La sentencia del TJUE del pasado 6 de octubre de 2021, que resuelve esta cuestión, aborda para ello el análisis del concepto de “empresa” en este ámbito, estableciendo nuevas reglas que permitan una imputación de responsabilidad “descendente” a las filiales por la conducta anticompetitiva de sus matrices.
A decade after the approval of Directive 2014/104/EU, and its late transposition into Spanish law by Royal Decree Law 9/2017, actions for damages have flourished in the private enforcement of competition law, both in the EU and in Spain. In particular, the so-called “trucks cartel” has given rise to an unprecedented amount of litigation, in which the injured parties have overcome all kinds of obstacles, both substantive and procedural. Of these, undoubtedly one of the most complicated, due to the absence of a clear legal regime, is the alleged lack of passive legitimacy of the defendants. The CJEU ruling of 6 October 2021, which resolves this issue, addresses the analysis of the concept of “undertaking” in this regulatory field, establishing new rules that allow for a “downward” imputation of liability to subsidiaries for the anti-competitive conduct of their parent companies.
