Madrid es la segunda Comunidad Autónoma del Estado que ha optado por imponer un recargo sobre el IRPF con el que obtener nuevos recursos también después de que aproximadamente quinientos ayuntamientos hicieran lo propio. Pero ha sido ahora cuando la noticia ha saltado a las primeras páginas con los más gruesos caracteres, generando una polémica a todas luces desmedida si se pone en relación con la transcendencia del asunto. Con todo el Gobierno Leguina sigue en sus trece convencido de la bondad de la medida y en la legitimidad que le asiste según el ordenamiento jurídico. El próximo año los contribuyentes madrileños dejarán de pagar tasas, al menos en los más importantes ayuntamientos regidos por los socialistas, y pagarán a cambio un 3 por ciento más sobre las cuotas líquidas de sus declaraciones a hacienda. Algo que según Leguina beneficiará a la mayoría de la población y colaborará en mejorar las condiciones de vida en los municipios menos favorecidos.