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La presente contribución tiene el objetivo de poner en conexión el derecho a la igualdad ante la ley (artículo 12 CDPD) con el derecho a la vida independiente y en la comunidad (artículo 19 CDPD), siendo el hilo conductor la institución de la propiedad horizontal. La promulgación de la Ley 8/2021, de 2 de junio, supone una revolución en el ordenamiento civil para conseguir la igualdad material ofreciendo nuevas instituciones, como la guarda de hecho, que se erige como la institución de referencia en materia de apoyos. A este aspecto se dedica el primer apartado. Como metodología de trabajo, se pretenden analizar los aspectos que ofrecen a la guarda de hecho un enfoque comunitario para garantizar la plena inclusión y el derecho a la vida independiente de las personas con discapacidad, alejadas de las instituciones asistenciales. Para conseguir este punto de vista se analizan los elementos que debe reunir un entorno comunitario, y se proyecta el análisis realizado desde la disciplina sociológica por Pierre Bordieu, que enuncia la teoría de los campos. Desde esta premisa, los entornos comunitarios pueden estimular el nacimiento de una convivencia colaborativa y fomentar las relaciones de vecindad y de ayuda mutua. Se destina el segundo punto de la contribución al análisis de los entornos comunitarios o “campos de apoyo”. Una vez identificados los perfiles de los entornos comunitarios, se coloca el prisma sobre la comunidad de propietarios en régimen de propiedad horizontal, como comunidad especial, que entreteje los intereses individuales y los comunitarios, en aras de garantizar una convivencia pacífica y ordenada. Así se abren nuevas posibilidades para una estrategia de desinstitucionalización conectada con los ODS de la Agenda 2030 (ODS 10 y 11). A las comunidades de propietarios se destina el tercer capítulo, haciendo una incursión en el origen de los complejos inmobiliarios. Para finalizar, en el número cuatro, a modo de conclusiones o propuestas de futuro, se ofrecen dos líneas de trabajo, una individual, que consiste en documentar los acuerdos colaborativos sobre los que descansan las relaciones de apoyo informal; y otra comunitaria, destacando el papel que puede tener la regulación de las normas comunitarias y su reflejo en los estatutos, susceptibles de inscripción registral y, por ende, causar efectos erga omnes en las comunidades de propietarios colaborativas
