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El Pacto Europeo sobre Migración y Asilo y las propuestas legislativas contenidas en el mismo conforman un intento más en el proceso de armonización de los sistemas migratorio y de asilo de los Estados miembros de la UE. Aunque necesario, por lo que representa de toma de postura de la Comisión Europea ante el impasse de la propuesta de reforma presentada en 2016, algunos de los instrumentos que incorpora el Pacto contienen contradicciones desde el punto de vista de la compatibilidad entre el llamado «control previo a la entrada» y el principio de solidaridad del Derecho de la UE. En concreto, la propuesta de Reglamento de control de nacionales de terceros países en las fronteras exteriores ((COM(2020) 612 final) obliga a los Estados de primera línea a convertirse de forma aún más señalada en «guardianes» de las fronteras del territorio de la Unión, esto es, en los principales «controladores» de la migración irregular. Este artículo defiende que el enfoque utilizado para gestionar la llegada de migrantes es excesivamente técnico y se aleja del reparto equitativo de la responsabilidad. Las medidas difícilmente compensan las circunstancias geográficas de los Estados que desde el Mediterráneo sirven de principales puntos de entrada al territorio de la UE.
