Acceso usuarios
Laura Aliaga Martínez, María Estrella Gutiérrez David 
El Gobierno británico está aprovechando la oportunidad que brinda el Brexit para dar forma a su normativa interna de protección de datos y otras disciplinas relacionadas (i.e., privacidad electrónica y otras normas relativas a la información digital). Ahora bien, la libertad para regular estas áreas no es absoluta, ya que poner en riesgo la Decisión de adecuación de la Comisión Europea no es un escenario deseable para el Reino Unido. Por ello, el Proyecto de Ley de Protección de datos e Información Digital es una propuesta de espíritu moderado, si bien afortunada en la selección de materias.
Esta nueva propuesta, que se encuentra ahora bajo el escrutinio parlamentario, pretende impulsar la economía digital, asegurando a la vez un adecuado nivel de protección para las personas físicas. Esto nos recuerda el clásico perenne ejercicio de equilibrio de poder que ahora lleva a la revisión de algunos conceptos que no son claros y son criticados por la doctrina, los profesionales de la materia y las organizaciones sujetas a este régimen (fundamentalmente, responsables y encargados). Este esfuerzo legislativo se traduce en la simplificación del lenguaje y en la flexibilidad de las nuevas aproximaciones que se realizan frente al régimen actual. Pese a esta plausible intención, parece que el texto causa reacciones enfrentadas. Aparentemente el proyecto de ley no convence a todos, puesto que se podrían eliminar más obstáculos para las empresas, al tiempo que se establecen mayores salvaguardas para las personas físicas. En cualquier caso, este texto legal es un buen punto de arranque.
The UK government is seizing the opportunity that Brexit offers to shape its domestic data protection laws and other related disciplines (i.e., e‐privacy and other digital information rules). That being said, this regulatory freedom is not absolute, since risking the Adequacy Decision of the European Commission is not a desirable scenario for the UK. Therefore, the Data Protection and Digital Information Bill is moderate in spirit, albeit it addresses a fortunate selection of topics. This new proposal, which is now under the Parliament scrutiny, attempts to boost the digital economy, while ensuring an adequate level of protection of the individuals. This is the classic perennial balancing exercise of power that now leads to revisit some key unclear concepts criticised by the doctrine, professionals, and the organisations regulated under this regime (mainly, controllers and processors). This legislative effort translates into the simplification of the language and the flexibility that new approaches to the existent regime provide for. Despite this plausible intention, the reactions are mixed. It seems that the bill does not convince everyone, as more business obstacles can be removed, and more safeguards can be introduced to protect by the individuals. In any case, this legal text is a good starting point.
