Acceso usuarios
Jens M. Scherpe
En la mayoría de las jurisdicciones, las parejas al contraer matrimonio pasan automáticamente a estar sujetas a un régimen de bienes matrimoniales (a menos que opten por no participar por acuerdo matrimonial). Este régimen en muchas jurisdicciones regula las relaciones de propiedad entre los cónyuges (y terceros) durante el matrimonio, y en todas las jurisdicciones cuando el matrimonio llega a su fin. Sin embargo, la jurisdicción de Inglaterra y Gales no tiene un sistema legal de bienes matrimoniales. Durante el matrimonio, se aplican las reglas normales de la ley de propiedad. En caso de divorcio, los tribunales tienen considerable discrecionalidad en virtud de la Ley de Causas Matrimoniales de 1973: pueden, entre otras cosas, ordenar la transferencia de bienes, el pago de una suma global y pagos periódicos. Las disposiciones de la Parte II de la Ley de Causas Matrimoniales de 1973 ofrecen solo una orientación limitada y se complementan con la jurisprudencia. Si bien esto proporciona poca seguridad jurídica –al menos en teoría— garantiza la equidad en los casos individuales. Sin embargo, la aplicación de la discrecionalidad por parte de los tribunales cambió de manera muy significativa a principios de siglo, posiblemente acercando a Inglaterra y Gales a tener un régimen económico matrimonial
In most jurisdictions, couples through getting married automatically become subject to a matrimonial property regime (unless they opt out by marital agreement). This regime in many jurisdictions regulates the property relations between the spouses (and third parties) during marriage, and in all jurisdictions when the marriage comes to an end. However, the jurisdiction of England and Wales does not have a statutory matrimonial property system. During marriage, normal property law rules apply. On divorce, the courts have considerable discretion under the Matrimonial Causes Act 1973: they can, among other things, order transfer of property, payment of a lump sum and periodical payments. The provisions of Part II of the Matrimonial Causes Act 1973 offer only limited guidance and are supplemented by case law. While this provides little in terms of legal certainty, it – at least in theory – ensures fairness in individual cases. However, the application of the discretion by the courts changed very significantly at the beginning of the century, arguably bringing England and Wales closer to having a matrimonial property regime.
