A partir de 1996 con las concesiones del sector ferroviario, el Estado se convirtió en regulador del servicio, al dejar en manos de los concesionarios la operación ferroviaria de carga en México. Esto no implica ni privatizar la infraestructura pública -pues ésta es patrimonio de la nación-, ni eliminar su responsabilidad –que es implícita de la Función Ejecutiva -, de ofrecer a los usuarios la mayor utilidad posible del servicio. La regulación de la operación de los concesionarios está en la Ley y Reglamento del Servicio Ferroviario Mexicano, lo realizado requiere divulgarse pues es una obligación el rendir cuentas y un derecho de los ciudadanos recibirlas.