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Roberto Borda de La Parra, Débora Ávila Cantos 
, Ariadna Ayala Rubio
El presente artículo nace de una construcción conjunta fruto de la experiencia compartida entre personas vulnerabilizadas atravesadas por las políticas públicas que han puesto en marcha la prestación del ingreso mínimo vital (IMV) —en tanto que solicitantes y/o perceptoras del mismo— y plataformas ciudadanas de defensa de los derechos ciudadanos que los han acompañado en el proceso. El IMV es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas. Esta prestación está destinada a colectivos muy concretos y sujeta a una serie de requisitos. En conversación con las cofirmantes del artículo, las siguientes páginas ponen en el centro la necesidad de proponer una mirada que, más allá del marco normativo y los discursos mediáticos en torno a las políticas de rentas de inserción, se centre en los procedimientos administrativos y las prácticas burocráticas que conforman la gestión cotidiana de estas prestaciones, constituyendo disposiciones de apertura o cierre que condicionan el acceso a los derechos sociales. En tanto que el IMV se configura como un derecho subjetivo naciente, su puesta en marcha constituye un lugar privilegiado desde el que, precisamente, analizar el despliegue normativo y burocrático que lo acompaña, así como los usos políticos que de él se han hecho.
This article is the result of a joint construction resulting from the shared experience of vulnerable people affected by the public policies that have implemented the Minimum Vital Income (MVI) —as applicants and/or recipients— and citizen platforms for the defense of citizens' rights that have accompanied them in the process. The MVI is a benefit aimed at preventing the risk of poverty and social exclusion of people who lack basic economic resources to cover their basic needs. This benefit is aimed at very specific groups and subject to a series of requirements. In conversation with the co-signers of the article, the following pages focus on the need to propose a view that, beyond the regulatory framework and media discourse surrounding the insertion income policies, focuses on the administrative procedures and bureaucratic practices that shape the daily management of these benefits, giving rise to situations of openness or closure that condition access to social rights.
Insofar as the IMV is configured as a nascent subjective right, its implementation constitutes a privileged place from which, precisely, to analyze the regulatory and bureaucratic deployment that accompanies it, as well as the political uses that have been made of it.
