La STC 74/2022 declara la constitucionalidad de la sanción que el art. 203.6 b) 1º LGT prevé en los supuestos de resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria, cometida por personas o entidades que desarrollen actividades económicas. No se produce la vulneración del principio de proporcionalidad ni del principio de culpabilidad, justificando el TC el carácter elevadamente represivo de dicha sanción, con un máximo de 600.000 euros, en que el legislador atribuye un fuerte desvalor al incumplimiento de una obligación tributaria formal que se califica como «grave».