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María José Portillo Navarro 
Los incentivos fiscales a la I+D+i son el instrumento más potente desde una perspectiva fiscal para potenciar la realización de estas actividades, tan imprescindibles para el desarrollo económico y social de un territorio y ello lo demuestra, entre otros, el creciente interés por parte de los países de la OCDE por el establecimiento de deducciones que puedan ayudar a las empresas en el desarrollo de la I+D+i.
En el caso español, disponemos de diversos instrumentos fiscales en el seno del Impuesto sobre Sociedades para fomentar la investigación y la innovación, siendo uno de los países del mundo que más se estimula, a través de las deducciones por I+D+i. Sin embargo, la utilización de este mecanismo no tiene el efecto esperado, en tanto que el número de contribuyentes que lo utilizan es escaso, lo cual debería ser reformulado.
Para ello, sin duda, una legislación más sencilla y que incorpore seguridad jurídica al contribuyente sería imprescindible. En este sentido, se convierte en prioridad el establecimiento de fórmulas que favorezcan la aplicación de estos incentivos por parte de las PYMES, si bien mientras se producen los cambios normativos necesarios, se podrían plantear acuerdos entre Administración y administrados que favorezcan la seguridad jurídica y, por tanto, la utilización de las deducciones por I+D+i que impulsarían el crecimiento del gasto empresarial en esta línea y el crecimiento económico global.
