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Enrique Villalobos Sánchez
Las altas tasas de temporalidad existentes en el empleo público de nuestro país son consecuencia de prácticas fraudulentas de las Administraciones Públicas, especialmente en el plano autonómico y local. En este artículo vamos a analizar una de dichas prácticas, recurrente en el ámbito de los servicios sociales comunitarios municipales, consistente en prestar las funciones que tienen encomendadas mediante contratación no estable, lo que supone un perjuicio tanto para los trabajadores como para la ciudadanía, pues dicha inestabilidad laboral afecta directamente a la calidad del servicio prestado por nuestra administración. Siendo esta práctica recurrente en toda España, y ante la imposibilidad de exponer en un mismo artículo las prácticas de cada comunidad autónoma y de cada municipio, nos vamos a centrar en el territorio de Andalucía. En concreto se analizará, siendo las conclusiones alcanzadas en dicho análisis extrapolables a otras zonas en las que se desarrollen las mismas prácticas, la falta de causalidad de los contratos temporales suscritos para el desarrollo de la Estrategia Regional Andaluza para la cohesión e inclusión social y los planes locales para ejecutar dicha intervención en zonas desfavorecidas.
The high rates of temporary employment in our country are the result of fraudulent practices by public administrations, especially at the regional and local levels. In this article we analyse one of these practices, which is recurrent in the field of municipal community social services, consisting of providing the functions entrusted to them through non-stable contracts, which is detrimental both for the workers and for the citizens, as this job instability directly affects the quality of the service provided by our administration. As this practice is recurrent throughout Spain and given the impossibility of describing the practices of each autonomous community and each municipality in the same article, we will focus on Andalusia. Specifically, the lack of causality of the temporary contracts signed for the development of the Andalusian Regional Strategy for social cohesion and inclusion, as well as the local plans for implementing this intervention in disadvantaged areas will be analysed. The conclusions reached in this analysis are extrapolated to other areas in which the same practices are developed.
