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Jacinto J. Marabel Matos
El 14 de marzo de 2020, en el contexto de la crisis sanitaria originada por la pandemia de covid-19, el Gobierno aprobó un estado de alarma, mediante un Real Decreto que posteriormente sería declarado parcialmente inconstitucional, delegando en las Fuerzas Armadas una serie de competencias para la gestión de la situación de emergencia nacional, que serían eficazmente ejecutadas en base al Derecho Operativo Militar. La gestión de esta primera fase de la pandemia, en la que se puso en entredicho la capacidad de reacción de los Estados bajo situaciones excepcionales de crisis sanitaria, demostró sin embargo que el ordenamiento castrense era un instrumento jurídico válido, ajustado a las exigencias legales y constitucionales que presiden el Derecho de Excepción, para hacer frente a aquellos problemas.
On March 14, 2020, in the context of the health crisis caused by the covid-19 pandemic, the Government approved a state of alarm, by means of a Royal Decree that would later be declared partially unconstitutional, delegating to the Armed Forces a series of competences for the management of the national emergency situation, which would be effectively executed on the basis of the Military Operational Right. The management of this first phase of the pandemic, in which the reaction capacity of the States under exceptional situations of health crisis was questioned, demonstrated however that the military order was a valid legal instrument, adjusted to the legal and constitutional requirements that preside over the Right of Exception to face those problems.
