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Ana María Álvarez Murias
La asistencia jurídica gratuita se configura como un derecho de carácter prestacional, cuyas condiciones de obtención se establecen legalmente. Existe una estrecha vinculación entre el derecho a la asistencia jurídica gratuita y el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, pudiéndose predicar el carácter instrumental del primero respecto al segundo. Estamos, pues, ante un derecho del ciudadano, a obtener una prestación por parte del Estado que, sensu contrario, genera la obligación del estado de financiarla adecuadamente con cargo a los fondos públicos. Abordaremos el actual sistema de financiación de los profesionales designados por los respectivos colegios profesionales para la prestación de este servicio (centrado en los abogados y los procuradores de los tribunales), así como su adecuación al mandato constitucional de financiación con cargo a los fondos públicos.
Free legal assistance is set as an assistance right whose conditions to obtain it are legally established. There is a close link between the right to a free legal assistance and the right to an effective judicial protection, for which the former is instrumental. Thus, this is a citizen right to obtain assistance provided by the state which, sensu contrario, creates an obligation to the state to properly fund the provision of this right using public funds. We shall address the current funding system for the professional appointed to the corresponding association services for the provision of this service (focusing on attorneys and solicitors of the courts), along with its adaptation to the constitutional funding mandate using public funds.
