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La superación de los fines meramente lucrativos en las sociedades de capital está hoy asentada doctrinalmente. La asignación de fines públicos, de persecución de objetivos de la comunidad en general, a las sociedades de capital constituye una tendencia normativa imparable, en el marco de la denominada «responsabilidad social corporativa». Articulada inicialmente en normas de conducta o de «derecho blando», en la actualidad cada vez son más los Estados que han dictado leyes imperativas que imponen a los administradores la consecución de objetivos públicos. La exposición de estas normas, en particular desde el punto de vista del prelegislador europeo, es objetivo de este trabajo, desde una visión crítica de su contenido, en la medida en que puede resultar potencialmente distorsionador del enjuiciamiento de las conductas negligentes o desleales.
